Presentamos un nuevo pedido de informe que detalle la implementación, cumplimiento y alcances de la Ley Provincial N° 1144, que establece el marco normativo para la atención integral de las personas con epilepsia en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Recordemos que dicha norma tiene como objetivo garantizar el acceso a la medicación y tratamientos adecuados, eliminar toda forma de discriminación hacia las personas que padecen epilepsia y fomentar la concientización en la comunidad.
En este sentido, resulta fundamental conocer en detalle el estado de aplicación de la ley, así como las acciones concretas adoptadas por el Poder Ejecutivo para asegurar su plena operatividad.
Es imperativo contar con información precisa respecto a la provisión de medicamentos específicos, la existencia de programas de capacitación y concientización dirigidos a la comunidad y al personal de salud, y las medidas implementadas para evitar la estigmatización de las personas con epilepsia en los ámbitos educativos y laborales.
Asimismo, la correcta ejecución de la normativa debe garantizarse bajo principios de eficiencia y equidad, considerando la realidad socioeconómica de la provincia y la necesidad de asegurar la atención médica integral para todas las personas diagnosticadas.
En ejercicio de la función de control que le compete a esta Legislatura Provincial, se solicita la remisión de un informe exhaustivo que permita evaluar el impacto de la Ley Provincial N° 1144 y determinar si se requieren medidas adicionales para su efectiva aplicación.
El pedido de informe solicita precisamente:
- Detalle de la provisión de medicamentos antiepilépticos, incluyendo disponibilidad, cobertura y acceso en hospitales y centros de salud públicos.
- Programas de capacitación y concientización sobre epilepsia implementados en la provincia, dirigidos tanto a profesionales de la salud como a la comunidad en general.
- Acciones llevadas a cabo para garantizar la no discriminación de personas con epilepsia en los ámbitos laborales y educativos, en cumplimiento de la normativa vigente.
- Evaluación de la operatividad de la ley y posibles obstáculos en su aplicación.
