Presentamos un proyecto de ley para establecer un régimen de licencias especiales para aquellos agentes de la administración pública que ejercen las tareas de cuidado de personas con discapacidad.
Teniendo en cuenta que en diciembre de 2014 el Congreso Nacional le ha otorgado jerarquía constitucional, en los términos del Artículo 75, Inciso 22 de la Constitución Nacional, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, es ineludible continuar avanzando con el desarrollo normativo de adecuación a los estándares asumidos en dicho compromiso internacional.
En ese marco, es deber del Estado generar políticas inclusivas que favorezcan la equidad, el respeto a la diversidad y, fundamentalmente, el acceso a derechos laborales justos.
En muchas ocasiones, los familiares que ejercen las tareas de cuidado, de personas con discapacidad asumen una doble carga: por un lado, el compromiso laboral, y por otro, la atención y el cuidado permanente de sus seres queridos, quienes dependen de su asistencia para realizar diversas actividades cotidianas. Esta situación genera en los trabajadores un desgaste físico, mental y emocional, que afecta tanto su productividad como su calidad de vida.
De allí que sea necesario dotar de un marco legal adecuado que les permita disponer de licencias y franquicias que faciliten el acompañamiento de sus familiares en los tratamientos médicos, terapias o situaciones de crisis, sin que ello conlleve un perjuicio económico, laboral o profesional.
De este modo, garantizar que los agentes con estas responsabilidades puedan cumplir con sus obligaciones familiares sin ver comprometidos sus derechos laborales es un acto de justicia social y equidad, que evidencia la protección de los derechos humanos y refuerza el compromiso de nuestra provincia con la protección de los derechos de las personas con discapacidad y de aquellos agentes que día a día ejercen las tareas de cuidado.
